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Amenazados

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Gerardo Sotelo
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La amenaza de muerte contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, es un hecho extremadamente preocupante. Lo sería en cualquier circunstancia, pero las que rodean a estas amenazas, lo son de forma particular.

En este caso no se está ante el amedrentamiento de una banda criminal típica, vinculada a los delitos típicos de narcotráfico y robos de gran porte, sino ante una que opera con fines políticos.

Cualquiera sea la integración de los comandos "Barneix" y "Restauración Nacional", es evidente que sus amenazas fueron hechas por personas con idoneidad y determinación. Tanta como para acceder a un laboratorio de la Facultad de Humanidades, donde trabajan los expertos que cooperan con la Justicia en la búsqueda de restos de desparecidos, burlando alarmas y dejando mensajes amenazantes, o para utilizar un navegador de Internet anónimo para eludir el rastreo.

Alcanzaría con que una sola persona estuviera dispuesta a amenazar a Díaz como para que la sociedad se sintiera bajo amenaza. Quien sea que busque influir con violencia en un funcionario de su jerarquía en la administración de justicia, intenta desestabilizar las instituciones y sembrar el miedo. Por debajo de Díaz hay un puñado de fiscales que trabajan en causas de violaciones a los derechos humanos que pueden sentir que la advertencia es también para ellos.

La última sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad fue duramente respondido por organizaciones de familiares de desaparecidos y por la propia Institución Nacional de Derechos Humanos. Los familiares han manifestado reproches a la Justicia y al gobierno por la lentitud con la que se tramitan estas causas. Estos son sólo dos aspectos que expresan lo polémico que este tema sigue resultando para la sociedad uruguaya, pero nada de esto tiene que ver con las amenazas contra el fiscal de Corte.

Si hay personas u organizaciones que sienten que los derechos de los inculpados no están debidamente garantizados, tienen caminos institucionales para plantear sus reclamos, tanto a nivel nacional como internacional.

Quienes amenazaron al fiscal no buscan que los oficiales de la Justicia reflexionen sino que se dejen doblegar por el miedo (en ese consiste, básicamente, el terrorismo) y terminen haciendo lo que ellos quieren.

Los uruguayos somos, en términos generales, gente de buenos sentimientos, pero a veces nos asalta una mezcla de ingenuidad e indolencia. Creemos que las cosas que le pasan al resto de la humanidad, por alguna razón misteriosa, a nosotros no nos van a pasar.

Hasta que un día nos despierta la noticia de que un fanático musulmán mata en Paysandú al comerciante uruguayo (de origen judío) David Fremd, y otro día nos enteramos de que la pista iraní en el atentado a la AMIA incluye una casa en Montevideo. Algunos que tengan la edad suficiente recordarán que en 1973 muchas personas creían de buena fe que en Uruguay era imposible que hubiera un golpe de Estado o que la represión militar incluyera torturas salvajes y desapariciones forzadas.

Es muy probable que las amenazas contra el fiscal de Corte no se concreten, pero deberíamos procurar que la ingenuidad y la indolencia no nos vuelvan a jugar una mala pasada.

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