La distancia que hay entre las consideraciones sobre costos y beneficios coyunturales de las políticas públicas y las que incluyen el largo plazo, es la que separa a los políticos de los estadistas; incluso a los políticos serios de los demagogos y oportunistas.

"Nunca he visto hablar tanto como en estos días sobre costos a 50 años". Los dichos del ministro de Seguridad Social, Ernesto Murro, tenían como destinatarios a quienes proponen modificaciones en el proyecto de los cincuentones, especialmente al equipo económico liderado por Danilo Astori. Las últimas cifras divulgadas sobre costos económicos y sociales del proyecto original, están demorando la aprobación de una solución legal y generando fricciones en el oficialismo.

Cuando el presidente Vázquez anunció a los cincuentones la presentación de una solución legislativa, advertimos sobre la seriedad de un asunto que suponía destinar una cantidad considerable de dinero de la gente (especialmente de las generaciones futuras) a un segmento de la población de ingresos relativamente buenos, en detrimento de otras propuestas eventuales que buscaran resolver una genuina demanda social. No fuimos muchos, pero las cifras que se conocieron después hicieron el resto. No sólo sobre el costo financiero, sino sobre dimensión inequitativa que tal solución implicaría.

Según un estudio de la OPP, la iniciativa del Ejecutivo generará una mayor concentración de ingresos, en un segmento que ya se encuentra entre los más favorecidos.

La sociedad uruguaya tiene aún problemas de pobreza, pero estos no están concentrados en la tercera edad sino en la infancia, donde las carencias son tres veces más grandes que entre los adultos mayores. En cuanto al sistema de seguridad social, los problemas se reflejan en las bajísimas jubilaciones que perciben la mayoría de los pasivos y la necesidad de modificar, de aquí a poco, el sistema de seguridad social, de modo de evitar que se encuentre nuevamente como en 1996, al borde de la quiebra.

Pero pensemos en términos de recursos y prioridades. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la ministra de Desarrollo Social planteara un plan para erradicar la pobreza entre los menores de 14 años a un costo de 3.700 millones de dólares en cincuenta años? La hipótesis nos permite una doble reflexión.

Por un lado, nos pondría en la pista de lo que significa planificar recursos a medio siglo, algo que según el ministro Murro es infrecuente. Por otro, podríamos visualizar la diferencia entre atender la emergencia social con un sentido de justicia y futuro, y beneficiar a un grupo reducido pero organizado de trabajadores que, aun haciendo un reclamo legítimo, no están entre los más vulnerables.

Hay un discurso que no estimula a ahorrar ni a trabajar más. Por el contrario, en 2008 se bajó la edad jubilatoria y el cálculo jubilatorio no reconoce los aportes realizados antes de 1996 (en algunos casos significa más de veinte años). Como si fuera poco, el debate está siendo utilizado para demonizar a las AFAP, amañando datos y argumentos.

Sería oportuno que la ciudadanía aprovechara esta discusión tan entreverada para discernir entre los políticos serios y los oportunistas.