Editorial
La oposición del Frente Amplio no parece haberse dado cuenta del proceso vivido y habla de un país “sin rumbo.” Si algo encontró Uruguay en este lustro es un rumbo bien definido.
El gran problema de la consulta popular es que simplifica el debate y niega instancias de diálogo previas que tuvieron resultados legítimos. Lejos de ser más democrática, es en realidad menos.
Se terminó la discriminación entre funcionarios públicos y privados en materia de licencias por enfermedad, aunque eso molestó al Pit-Cnt que defendió los privilegios de los primeros.
El programa de todo el FA está señalando que de llegar al poder revisará la reforma de la seguridad social vigente y que se opone a las actuales Afaps. No admite ningún matiz “moderado”.
Si para un político del peso de Astori fue difícil lidiar con los radicales, que llegaron a enfrentarlo con un equipo económico paralelo, imagine el lector el margen de influencia que tendrá Bergara.
Es claro que se requieren políticas de fondo que combatan el origen de esta población de gente “en situación de calle”. Pero eso lleva tiempo, y obliga a preguntarse, ¿y mientras tanto, qué?.
Todos los países comparables con Uruguay tienen una edad de retiro en el entorno de los 65 años y no se conocen casos de país en que luego de aumentada ésta vuelva para atrás.
El ataque iraní a Israel, la indiferencia hacia el destino de Ucrania, son señales preocupantes y hablan de un mundo donde, por decir lo menos, la convivencia es hoy demasiado tensa.
El malhumor de la izquierda uruguaya va dirigido contra la evolución del régimen de vivienda promovida que ha sido el gran motor del mercado inmobiliario del país en los últimos años.
El gobierno inauguró la modernización del centro hospitalario Dr. Enrique Claveaux, conocido como ex Hospital Filtro, cuna de marchas izquierdistas en memoria de la barbarie de ETA.
La LUC no solo en el ámbito laboral ha sido cosa buena, sino en muchos otros aspectos que hacen a nuestra vida en sociedad.
Los antecedentes del FA en seguridad pública son funestos. Cuando asumieron su primer gobierno, en el país se verificaban 8.400 rapiñas por año. Lo dejaron en 2019 con más de 30.600.
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