EDITORIAL

Hoy el oficialismo navega entre quienes reconocen la realidad y quienes la niegan, como aquel que cae de un décimo piso y a la altura del tercero, mira hacia abajo y dice aliviado: “vamos bien”.

El debate sobre los cincuentones es indicativo de dos de las mayores falencias del sistema político. De un lado: el fantástico poder de influencia que tienen ciertos grupos de presión, espontáneamente movilizados, para torcerle el brazo al gobierno. Del otro: la ya comprobada incapacidad del FA para administrar el país, sumido siempre en un internismo despiadado, sobre el que el tuitero Dannyvile dijo una vez, con humor, que estaba "harto de que su billetera fuera el daño colateral de la guerra interna del FA".

El problema viene de larga data y aún de antes de que gobernara la izquierda. En la elección de 1989, el colectivo gremial de los jubilados impulsó una reforma previsional que era en los hechos muy justa, pero que se sabía que impactaría gravemente en las finanzas públicas. En esa elección, el FA hizo de ese proyecto una de sus banderas, y los partidos fundacionales (aunque sin ganas) la apoyaron, con la sola y honrosa excepción de Jorge Batlle. La propuesta ganó y, durante su gobierno, Luis Alberto Lacalle debió proponer no una, sino cinco reformas de la seguridad social, para sanearla. Ninguna logró la aprobación parlamentaria, por aquello de que las manos de los legisladores suelen levantarse con más facilidad cuando las leyes lucen simpáticas, que cuando no lo son, aunque sean imprescindibles. Fue en el segundo gobierno de Sanguinetti que se aprobó la norma que dio lugar a las AFAP, a pesar del prejuicio marxista que veía en estas al demonio privatizador, y confiaba en que el sistema de reparto seguiría proveyendo recursos inexistentes, por generación espontánea.

No fue raro entonces que el remedio no lograra vencer a la enfermedad, acentuada por el natural proceso de envejecimiento poblacional.

Igual a lo que pasa con el reclamo del incremento salarial de los judiciales, lo que piden los cincuentones es justo, pero adolece de un pequeño defecto: su imposible concreción sin fundir al sistema, endeudar al país por medio siglo y perder el grado inversor. Hoy el oficialismo navega entre quienes reconocen la realidad y quienes la niegan, como el que cae de un décimo piso y a la altura del tercero, mira hacia abajo y dice aliviado: "vamos bien".

Sería gracioso, si no fuera tan grave, escuchar a los voceros del FLS argumentando en contra de este dislate. Lo hacen todo el tiempo recordando que el país está mejor. "Si los salarios no hubieran crecido", dice el senador Michelini, "no se hubiera generado esta situación". Ah, me deja más tranquilo. El ministro Murro respondió con una acusación de terrorismo, pero pasándole el fardo a los sospechosos de siempre: los medios de comunicación.

Mientras tanto, los iracundos damnificados reclaman justicia: como ya aportaron, exigen sus pesitos. El gobierno debería sincerarse y admitir de una vez que esa plata no existe. Y no existe por- que, entre otros motivos, ha modificado el sistema en base a un voluntarismo irresponsable, ajeno a un análisis económico serio.

Pasó exactamente lo mismo con Ancap. El inolvidable Alejandro Atchugarry remitió al Parlamento —¡hace quince años!— un proyecto de ley tan simple como necesario aún hoy, para hacer volver a andar al país. Se limitaba a derogar el monopolio de la importación y refinación de crudo.

La oposición frenteamplista de la época puso el grito en el cielo: ¡el neoliberalismo quería matar a Ancap! (La ironía fue que una década después la terminaron matando ellos). Así fue como el entonces senador Astori propuso "mejorar" el proyecto original, habilitando una posible asociación de la empresa. Batlle y Atchugarry incurrieron en la ingenuidad de creer que con esa concesión se habilitaba el apoyo del FA a la tan apremiante necesidad de abatir el costo del combustible. Pero no. El sindicato de la empresa tocó la puerta de Tabaré Vázquez y, plebiscito mediante, nos quedamos sin ley, con el combustible más caro de la región y con el tándem Martínez-Sendic haciéndonos pagar una fiesta de 800 millones de dólares.

Lo que uno se pregunta es: si esto les pasa todo el tiempo a Astori y su gente, y otra vez ahora con el tema de los cincuentones, ¿qué hacen integrando un gobierno en una disputa que siempre pierden? La respuesta es bien simple: prefieren conceder y dañar a sabiendas, antes que perder sus posiciones de privilegio. Hace cuarenta años el FA era una colcha de retazos. Ahora es una máquina de acumulación de poder, donde los principios se dejan caer, con tal de que nunca caigan los cargos y las prebendas.